En medio de una gran expectativa se inició en el Congreso el debate de los informes de la megacomisión investigadora de presuntas irregularidades durante el segundo gobierno de Alan García, con la exposición del primer informe referido a los llamados “petroaudios”.

El informe, expuesto por el legislador Sergio Tejada, quien presidió la “megacomisión”, responsabiliza penalmente al expresidente Alan García y a los exministros Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo y Hernán Garrido Lecca, por supuesta interferencia política en la investigación judicial a la empresa Business Track (BTR), responsable del espionaje de las telecomunicaciones.

PUEDES LEER: Unión Civil: Rubén Condori citó a Hitler al hablar del proyecto

Refiere que el objetivo fue obstaculizar la labor de la justicia para evitar el esclarecimiento de las escuchas telefónicas realizadas por BTR.

Por ello, el informe considera que se les debe denunciar por el delito de asociación ilícita para delinquir.

“Se quería evitar el conocimiento público de las grabaciones telefónicas que probarían la interferencia y participación de miembros del gobierno y del Partido Aprista Peruano, en los contratos de las empresas estatales relacionadas con el caso petroaudios”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de la República aprobó proyecto de ley sobre curul vacía

En su informe, Tejada señala que hay indicios razonables que permiten presumir la responsabilidad penal de Del Castillo, por haber promovido la salida del país de dos responsables del espionaje telefónico, y que iban a colaborar con las investigaciones.

Son los casos de Ismael Mata Uribe y Luis Amengual Rebeza, quienes fueron contratados como personal en dos consulados del Perú en Estados Unidos, con un sueldo de US$ 7 000 mensuales, a pesar de no reunir el perfil profesional para el cargo.

En el caso de Miguel Hidalgo, en ese entonces jefe de la Dirandro, el informe lo acusa de reportar directamente a Palacio de Gobierno, cuando su deber era hacerlo ante el director de la Policía y el Ministro del Interior.

También considera que el expresidente García cometió infracción constitucional, por haber ascendido de manera irregular al contralmirante Elías Ponce Feijoo, uno de los “chuponeadores”, y que fue sentenciado por ese delito.

El informe cuestiona a la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, por haberse reunido con el Presidente, para propiciar la intervención de un local de la Marina de Guerra del Perú, donde operaban el personal de BTR.

Fuente: Andina

TAGS RELACIONADOS