Según el abogado de IDL Carlos Rivera, quien también participó en la audiencia, los abogados peruanos mostraron posiciones divergentes, a tal punto que el tribunal le preguntó a uno de ellos cuál era la posición del Estado.

Vitery, procurador del Poder Judicial, aseguró que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se cumplió, pues se ha sancionado judicialmente a los responsables de la matanza y no había nada que modificar.

Por su parte, Cubas, procurador supranacional, remarcó que la posición del Estado peruano es la plasmada en la demanda de amparo presentada y que se adecuó el Código Penal para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales.

“Debe haber una, no dos posiciones en la presentación del Estado peruano”, señaló uno de los magistrados de la Corte tras escuchar la posición de los abogados del Gobierno, al poner énfasis en la “falta de claridad” sobre el caso Barrios Altos.

Además de Rivera, del Instituto de Defensa Legal, también expusieron Gloria Cano de APRODEH y los representantes de las víctimas, quienes reiteraron que el magistrado Javier Villa Stein demostró “falta de imparcialidad”.

Alegaron que el fallo de Villa Stein, que reduce de 25 a 20 años de prisión la condena a los integrantes del grupo Colina y elimina el delito de lesa humanidad, es contraria a la decisión adoptada por la CIDH en este caso.

Rivera precisó en Canal N que en los próximos días se emitirá una resolución de cumplimiento de la sentencia de la CIDH, que, según su punto de vista, debería ser a favor de los deudos de las víctimas de la matanza.

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