Los deudores de reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado estarán impedidos de ejercer función pública o postular a cargos públicos por elección popular, y además figurarán en un registro especial, según proyecto de ley aprobado este martes por la Comisión de Justicia del Congreso.

Según esta iniciativa del Poder Ejecutivo, la inscripción en el registro de deudores se producirá 10 días después de consentida y ejecutoriada la sentencia del Poder Judicial y a solicitud de las procuradurías públicas.

Estarán exceptuados de figurar en este registro aquellos condenados que hayan logrado acuerdos o compromisos de pago, hasta cumplir con la totalidad de la deuda, explicó el presidente de la comisión.

De otro lado, la Comisión de Justicia, que presidente Juan Carlos Eguren también aprobó por mayoría el predictamen del proyecto de ley que plantea ampliar el plazo de prescripción a 10 años en los casos de acciones judiciales por pensión de alimentos.

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