El congresista Amado Romero Rodríguez, presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) entre el 2003 y el 2011, ha declarado en los últimos días que solo posee cuatro concesiones mineras en Tambopata (Talibán, Talibán I, Sol de Mayo y Playa Nuevo Horizonte, que suman más de 2.000 hectáreas) y que se apartó del negocio de la minería desde que fue elegido en el cargo en abril pasado.

Según el diario El Comercio, el congresista controla, además, a través de terceros, otras 10 concesiones (de una extensión total de 4.500 hectáreas) y de esta forma oculta los verdaderos ingresos que percibe por la extracción y venta de oro.

Una de las concesiones es El Paisano, de 1.000 hectáreas en Tambopata. En esta zona, el 23 de marzo pasado, personal de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios intervino a cinco mineros ilegales que trabajan en ese predio. Ellos dijeron que trabajaban como ‘invitados’ (una especie de inquilinos) y que le entregaban unos 30 gramos de oro por semana a Romero, que entonces postulaba al Congreso, para que los dejara operar. Los inspectores se sorprendieron al verificar que la titular de la concesión era una desconocida mujer: Esther Pacamia Limpias (53).

El legislador –denunciado hace pocos días por la Fiscalía Penal de Madre de Dios por delitos ambientales– aprovechó esta situación para decir ante la prensa: “Yo no soy titular de la concesión El Paisano y nunca lo fui”. Sin embargo, documentos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirman que Romero fue el primer titular de dicha concesión desde 1996 hasta que transfirió el derecho minero en el 2003, el mismo que luego acabó en poder de Esther Pacamia.

De esta forma, se confirmó la versión de los cinco mineros sobre el pago de 30 gramos de oro a la semana a Romero, titular en las sombras de El Paisano. Peor aún, esta concesión no cuenta con certificado ambiental, por lo que están prohibidas las actividades de explotación aurífera en la zona. Este solo es uno de los 10 casos que revelan el presunto accionar ilícito del recientemente retirado miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Fuentes revelaron que otras dos personas de su confianza son Nolberto Vargas Quispe (53), pareja de Esther Pacamia, y la hija de ambos Shella Vargas Pacamia (25), una familia de escasos recursos económicos. Nolberto Vargas tiene dos concesiones, Mineros Unidos y Gran Chimú (de 900 hectáreas en total), mientras que su hija Shella Vargas es titular de otros cuatro derechos mineros: El Paisano I, Albania, Huacamayo y Tres de Agosto I (que suman 800 hectáreas).

De esta forma, el hombre que se inició en Madre de Dios como maderero y que luego pasó al negoció aurífero tiene ahora bajo su tutela casi 7.000 hectáreas en Tambopata, en las cuales se produce oro de forma ilícita. Sobran los motivos para que la Unidad de Inteligencia Financiera, las fiscalías de Crimen Organizado y la Procuraduría que ve casos de lavado de dinero tengan en la mira sus empresas y negocios.

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