El archivo del caso de las esterilizaciones forzadas, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue rechazado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que advirtió que esta medida niega la justicia a las víctimas y favorece la impunidad.

Mediante un comunicado publicado en su portal, la coordinadora afirmó que las 81 organizaciones que conforman este conglomerado, están en desacuerdo con la medida tomada por el Ministerio Público (MP).

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima concluyó la semana pasada que no se incurrió en el delito de lesa humanidad, por lo que dispuso no formalizar denuncia penal contra el exmandatario, así como contra sus exministros Marino Costa, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong.

“Consideramos que hay indicios suficientes sobre su responsabilidad y el archivamiento implicaría un grave retroceso para la búsqueda de justicia de miles de mujeres peruanas que podría terminar en impunidad”, indicó la coordinadora.

Recordó, además, que en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, parte de la política pública de control de la natalidad se centró en las AQV (Anticoncepción quirúrgica voluntaria), exigiéndose una serie de metas a los agentes de salud.

“Con lo que, la campaña ‘voluntaria’ se convirtió en una búsqueda de mujeres a ser esterilizadas de manera forzada, contra su voluntad, y muchas veces, con información insuficientes o totalmente engañosa”, señaló.

Por último, advirtió que este tema “no está cerrado”, pues a través del Instituto de Defensa Legal (IDL), Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y la Procuraduría Anticorrupción presentaron un recurso de queja.

Fuente: Andina

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