“Sin duda, estos mapas publicados bajo auspicios del Estado y, en este caso particular, un mapa destinado a educar a los niños peruanos, tiene un alto valor probatorio”, señaló ante la corte internacional.

Según explicó, dichos gráficos confirman la posición de Chile y “contradice rotundamente” los argumentos que Perú presenta ante el tribunal.

El jurista se refería a una resolución suprema del Gobierno peruano en 1961 que ratificaba un decreto emitido en 1957, que confirmaba que el Ministerio de Relaciones Exteriores debía aprobar los mapas y sus límites contenidos en libros y otras publicaciones.

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