La titularidad del 10% de las acciones de la empresa Cemento Amazónico SAC le costaría a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, una investigación de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Según un informe de la Secretaría Técnica de ese grupo de trabajo, al que tuvo acceso Peru21, la también parlamentaria de Perú Posible no habría observado el principio de responsabilidad al que están obligados los legisladores.

De acuerdo al documento, la representante del Ejecutivo “habría actuado sin respetar el marco establecido por el artículo 31º de la Ley General de Minería, en virtud del cual los miembros del Poder Legislativo no pueden ejercer actividades de la industria minera durante el ejercicio de sus funciones”.

En sus descargos ante la Comisión de Ética, días atrás, Omonte alegó que no tuvo conocimiento de que la empresa Cemento Amazónico SAC había adquirido la concesión minera Luyando 10, y que esta operación fue una decisión adoptada a nivel gerencial.