El director ejecutivo de AI-Perú, Juan Carlos La Puente, expresó la preocupación del organismo internacional por la posibilidad que se conceda la gracia presidencial a un condenado por delitos de lesa humanidad.

“Nuestra posición es que se debe tomar en cuenta la afrenta que puede significar contra las víctimas cualquier posible indulto. Es perpetuar la impunidad y la injusticia”, manifestó a la Agencia Andina.

Consideró que las autoridades peruanas deben tomar en cuenta el derecho internacional en materia de derechos humanos al realizar una valoración ante el anunciado pedido de indulto a Fujimori.

Recalcó que los Estados democráticos, sujetos a los tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, deben imponer sanciones eficaces y drásticas a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, las cuales no pueden ser canceladas ignorando la gravedad de los crímenes.

El activista afirmó que Fujimori fue juzgado de manera ejemplar, por ello, insistió, habiendo cumplido solo una pequeña parte de su condena de 25 años desvirtúa el principio de imponer un castigo que refleje la gravedad del delito.

“Esto es contrario al espíritu del derecho internacional (…) las penas deben ser eficaces y no pueden ser canceladas, sin una valoración exhaustiva”, agregó.

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