El vicepresidente del parlamentario andino, Hildebrando Tapia, mostró su preocupación por el anuncio del gobierno español que dejará sin atención médica a 150 mil migrantes irregulares en ese país, entre ellos alrededor de 10 mil peruanos.

Precisó que esta medida restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares, porque para acceder a ella tendrán que realizar un pago de 710 euros al año, lo cual es una cifra inalcanzable para ellos, pues son los principales afectados con la grave crisis económica que vive España.

“La mayoría de irregulares se han quedado sin trabajo por la crisis, pero antes habían estado cotizando en España. Para ellos es una fortuna. Con sus pequeños ingresos tienen que afrontar el pago del alquiler para evitar el desahucio, la alimentación. Esta medida condena al colectivo más vulnerable a más precariedad”, sostuvo Tapia.

Enfatizó que de acuerdo al Real Decreto ley 16/2012, promulgado por el gobierno español, se han ejecutado reformas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

“El gobierno acelera los plazos de las medidas. Ni siquiera esperará a que caduquen las tarjetas sanitarias de los extranjeros para endurecer los requisitos,* que tienen una validez de dos años. Antes del 31 de agosto de este año deberán demostrar que entran en la categoría de asegurados”, manifestó Tapia.

Por último sostuvo que, según información del Instituto Nacional de Estadística de España, existen 133,609 peruanos afincados en ese país.

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