El Gobierno de oficializó con un decreto el endurecimiento de su política de migración para evitar la entrada de extranjeros que hayan cometido delitos graves y acelerar los procesos de deportación de quienes delinquen en el país.

El Ejecutivo de , que tiene en la lucha contra el narcotráfico uno de sus principales objetivos, explica en el texto que hasta ahora, ante hechos de “criminalidad organizada”, el Estado ha enfrentado “severas dificultades” para concretar la expulsión de extranjeros por el largo y “complejo procedimiento recursivo”.

Entre las causas que impedirán el ingreso de extranjeros se encuentran tener condenas o antecedentes en Argentina o el exterior por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.

También haber incurrido “en actos de Gobierno o de otro tipo”, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad y de cualquier acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional.

El decreto incluye además a quienes hayan participado en la promoción con fines de lucro del ingreso ilegal de extranjeros o hayan presentado documentación falsa para obtener beneficios migratorios; y a los que se lucren con la prostitución o hayan sido condenados por corrupción.

habrá excepciones

Como excepciones, el Gobierno señala que podrá admitir en el país, “únicamente por razones humanitarias, de reunificación familiar o de auxilio eficaz a la justicia” en determinadas condiciones, a los extranjeros que se encuentren en algunos de esos supuestos y los que hayan cometido delitos que en Argentina no excedan los tres años de prisión.

Además, se podrá cancelar una residencia ya otorgada cuando el extranjero, entre otros supuestos, haya sido condenado, dentro o fuera del país, por delitos graves.

Actualmente, según datos oficiales, el número de inmigrantes supone más del 21 % de la población carcelaria – un número que ha crecido en los últimos años -, y respecto a los delitos vinculados al narcotráfico, el 33 % de los presos son extranjeros.

trabajo conjunto

Mauricio Macri adelantó recientemente que se trabajará con otros países para tener un mejor acceso a los antecedentes penales de quienes ingresen a Argentina, y vio necesario agilizar los trámites judiciales de expulsión de un inmigrante condenado.

En este sentido, el Ejecutivo presentó la pasada semana el sistema de Información Anticipada de Pasajeros, que obligará a las aerolíneas a brindar datos sobre antecedentes de los viajeros que llegan al país.

Estos cambios, que según el Gobierno son una iniciativa consensuada con el sector más importante de la oposición, se vienen debatiendo en las últimas semanas, con críticas por parte de algunos opositores y multitud de organizaciones sociales.

Estas últimas acusaron al Gobierno de utilizar datos “sesgados” para “responsabilizar” a los extranjeros del narcotráfico, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijera que llegan “peruanos y paraguayos que terminan matando por el control de la droga”.

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Fuente: EFE

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