Las personas que ejercen la legítima defensa utilizando un arma para repeler la amenaza contra su integridad o la de terceros y causan la muerte del agresor, deben ponerse de inmediato a disposición de las autoridades y colaborar en el esclarecimiento del caso.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que el artículo 20 del Código Penal, correspondiente al capítulo referido a las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, establece claramente los alcances del derecho a la legítima defensa a la que puede acceder cualquier ciudadano.

Señaló que al ponerse a disposición de la Policía y el Ministerio Público, la persona implicada en el hecho debe colaborar sin demora con la investigación entregando el arma, sometiéndose a exámenes toxicológico, de absorción atómica, entre otros, para determinar si actuó realmente en defensa propia, informó Andina.

“Toda persona que obtiene una licencia para portar arma de fuego asume una responsabilidad y está en la obligación de allanarse a las investigaciones para saber si la usó efectivamente para evitar una agresión que amenazaba su integridad o de alguien cercano en una misma circunstancia”, manifestó.

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