El fiscal de la Nación, José Peláez, presentó una demanda de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional, contra el Consejo Regional y el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por la ordenanza que declara inviable el proyecto Conga en dicha localidad del país.

Según un documento, dicha norma excede las competencias del Gobierno Regional de Cajamarca y, además, “invade” las funciones del Ejecutivo.

“El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales adopta decisiones o rehúye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro”, indica el documento.

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