La orden judicial dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Pomabamba de la Corte Superior de Áncash, condena también a los funcionarios ediles Miguel Torres Campomanes, Marcelo Ponte López, Norma María Moreno Ruíz y Víctor Constantino Ayala Moreno.

Las autoridades son acusadas por los delitos contra la Administración Pública, Peculado Doloso y contra la Fe Pública, Falsedad Ideológica y Falsificación de documento en agravio del Estado.

La medida fue tomada por la jueza Sofía Gonzáles Castro, tras evaluar los fundamentos del Ministerio Público, así como de la defensa técnica de los investigados.

Sin embargo esta fue apelada por la defensa de todos los imputados, la misma que le fue concedida, otorgándoseles el plazo establecido en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) para su fundamentación, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada en caso de incumplimiento, según informó Andina.

Durante el plazo de la prisión preventiva, el fiscal deberá concluir su investigación a efectos de determinar si procede o no con la acusación para llevar a los investigados a juicio oral.