La División Distrital de Lima de Defensa Pública expidió una resolución mediante la cual se determina que el empresario Rodolfo Orellana tendrá que pagar por los servicios que le brinda su abogado de oficio.

Según indicó a Canal N, Ernesto Lechuga, director de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia, el abogado privado del empresario, acusado de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, abandonó el proceso y desde entonces, su juicio es llevado por un abogado del Estado.

“Él tuvo un abogado hasta el 29 de agosto generando una situación de indefensión que la justicia no puede tolerar por eso se le dio el defensor público”, manifestó.

En ese sentido, informó que cada vez que cada vez que un abogado acuda a las audiencias de deslacrado de los bienes incautados a Orellana, este tendrá que pagar un monto al Estado.

“Se le aplicará un arancel en la escala tres, la más alta, cada uno está evaluad en 140 soles”, precisó.

Al ser consultado por la resolución, el vocero de Orellana, Carlos Camacho, dijo que él se ha quedado sin abogado por que no tiene liquidez, “no por que no tenga recursos”. “No es una persona pobre pero en este momento no tiene liquidez porque no puede vender sus terrenos”, refirió.

Agregó que para evitar el pago de aranceles al Estado, presentará un nuevo abogado en el transcurso de la semana.

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