La propondrá al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anular la licencia de conducir de aquellos choferes de transporte público que agredan a los fiscalizadores edilicios, tal como ha ocurrido en los últimos días.

Eduardo Osterling, gerente de Fiscalización de la comuna metropolitana, consideró que las personas que agreden a una autoridad, como los inspectores municipales, no deberían manejar un vehículo y sí tendrían que someterse a una evaluación psicológica.

En tal sentido, Osterling adelantó a la Agencia Andina que la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de Lima está en plena elaboración de esta propuesta, para presentarla formalmente y por escrito a las autoridades del MTC próximamente.

Reveló que a la fecha se han reportado en Lima 115 agresiones y accidentes de tránsito en los cuales los inspectores de transporte de la comuna limeña han sido los perjudicados.

Citó el caso de un chofer de taxi, identificado como Luis Miguel Díaz Jorge, quien ha sido denunciado ante el por golpear al fiscalizador municipal que lo intervino por circular con placa falsificada.

“A ese señor se le denuncia por falsedad genérica, así como por violencia y resistencia a la autoridad. Espero que la Fiscalía aplique la figura de flagrancia, porque los inspectores son también autoridad municipal, tienen resolución como inspectores y no se les puede agredir”, aseveró.

En otro momento, el funcionario edilicio reveló que actualmente los inspectores del municipio trabajan con el apoyo de solo 36 policías, en los distintos operativos emprendidos contra los vehículos informales, lo que dificulta su labor.

“El año pasado contábamos con 90 policías. Si bien es cierto que estamos en permanente coordinación con la Policía, ellos tienen dificultades para podernos dar la cantidad de efectivos que nos facilitaron el año pasado”, manifestó.

Destacó, sin embargo que, pese a ese menor número de policías, de enero a la fecha se ha logrado enviar al depósito municipal más de 9,000 vehículos informales, a diferencia de todo el 2015 en que se internaron 8,300 unidades de transporte.

“No se trata de poner papeletas. El objetivo es sacar de las pistas al infractor y llevarlo al depósito municipal”, aseveró.

Fuente: Andina

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