Tras la fuga de cinco internos del penal de Lurigancho, el 12 de junio del año pasado, la muerte de dos de ellos (Lindomar Hernández, alias ‘Puerto Rico’, asesino confeso del fotógrafo Luis Choy; y Edgar Lucano) y la recaptura de Carlos Timaná, un peligroso delincuente, se inició una investigación a varios policías y funcionarios del Poder Judicial para demostrar si participaron en su huida.

La Policía Anticorrupción descubrió que 10 policías, 9 empleados del organismo judicial, entre ellos una jueza, y 9 agentes penitenciarios están inmersos en el caso.

La investigación determinó que 10 suboficiales favorecieron la fuga de los reos al permitir que Timaná, el único interno recapturado y hoy preso en Puno, ingrese a la sala de audiencias del penal con una barra de fierro escondida entre expedientes.

También indica que la magistrada María Elena Martínez Gutiérrez, quien dirigió el proceso judicial ‘Interceptación telefónica del caso BTR’, ayudó al pedir un careo entre ‘Puerto rico’ y ‘Careca’ (aún prófugo), pese a que sabía que esta diligencia no iba a aportar en nada a la investigación de la muerte del fotógrafo.

Ahora será la Primera Fiscalía Especializada en delitos de corrupción de funcionarios quien determine la suerte de cada uno de los investigados.