“En diversas localidades del país se han producido durante los últimos años hechos de violencia, amenaza y acoso político que afectan la vida, la salud, la integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes políticos y líderes de opinión, los cuales contravienen las condiciones más elementales para la paz social en democracia”, indica el comunicado.

Ambas instituciones destacaron la labor de los medios de comunicación en revelar los hechos ocurridos y admitieron que en el actual proceso electoral regional y municipal estos hechos podrían incrementarse.

“En esta misma dirección, nos preocupan los riesgos de penetración del crimen organizado narcotráfico, sicariato, extorsión dentro del mencionado escenario político electoral y, con ello, el impacto en la vida de las personas, así como en las instituciones democráticas, en la libre elección de autoridades, así como en las condiciones para que las organizaciones políticas compitan por el voto ciudadano”, agregó.

Por ello, pidió acciones efectivas y coordinadas por parte de las instituciones del Estado, a fin de hacer frente a esta nueva forma de violencia política, que pretende imponer ideas, contrarrestrar opositores, zanjar debates, impedir la vigilancia ciudadana, favorecer la corrupción, ganar elecciones o evitar el ejercicio de los derechos políticos de control y participación en condiciones de igualdad.

“Las peruanas y peruanos hemos dado muestras de nuestra capacidad para vencer a la violencia y anteponer los objetivos comunes por encima de cualquier interés particular. Y esta circunstancia que vivimos hoy requiere que estemos unidos para rechazar y hacer frente esta situación que amenaza con erosionar nuestra vida en democracia”, finalizaron.