Según informó el diario ‘El Comercio’, Juan Monroy Gálvez, abogado de la empresa, denunció el caso ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

Argumenta que la resolución lleva la firma de la magistrada y del especialista legal o auxiliar jurisdiccional Miguel Loloy Príncipe. Sin embargo, este renunció al Poder Judicial en setiembre del 2013.

Según el artículo 122 del Código Procesal Penal, las resoluciones judiciales deben estar suscritas por el juez y por el auxiliar jurisdiccional respectivo. En caso contrario, la resolución es nula.

Monroy menciona que dicha resolución está fechada el 27 de diciembre del 2013, el último día en que Béjar Monge podía ejercer válidamente su función en el Cuarto Juzgado Constitucional.

Sin embargo la resolución no fue publicitada en la página web del Poder Judicial ese día, sino el último jueves, cuando ella ya no estaba a cargo de ese juzgado y en un día inhábil para el despacho judicial.

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