Las 32,592 hectáreas que comprenden el parque arqueológico y el santuario histórico de Machu Picchu son propiedad del Estado peruano y las demandas de indemnización o expropiación planteadas por las familias Abrill y Zavaleta son improcedentes, afirmó la Dirección Regional de Cultura (DRC) de Cusco.

Elías Carreño, director de Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble de la DRC, precisó que esos terrenos están inscritos en la ficha Nº 17699 del Libro de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Cusco.

Explicó, además, que en la historia del derecho de Perú siempre se ha consagrado que el Estado es propietario de los vestigios y bienes arqueológicos inmuebles en todas sus expresiones.

“La primera norma dada en materia cultural es el Decreto Supremo Nº 089, del 22 de abril de 1822, y allí se establece expresamente que los monumentos que quedan de la antigüedad de Perú son de propiedad del Estado. Posteriormente, las diversas constituciones políticas y leyes que están vigentes en nuestro país ratifican ese principio, por tanto no cabe reclamación alguna de parte de los sucesores de las familias Abrill y Zavaleta”, observó.

Respecto a los temas judiciales pendientes, informó que los herederos de dichas familias han planteado cinco procesos ante diversos juzgados de la Corte Superior de Justicia de Cusco, los cuales han sido respondidos de manera oportuna y aún no concluyen.

La DRC Cusco elevará un informe legal sobre Machu Picchu ante el Ministerio de Cultura y la Unesco para la defensa legal del santuario histórico, informó mediante un comunicado, informó Andina.

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