La fiscal especializada en delito de lavado de activos, Marita Barreto, informó que la investigación contra la red liderada por , inicialmente involucraba a 20 personas, pero que en el camino se ha identificado a cerca de 400 personas entre funcionarios, magistrados, empresarios y notarios.

Detalló que eso hace que la investigación sea compleja y que constituya un megaproceso.

Agregó que en los próximos días solicitará la desacumulación de los procesos contra 40 presuntos integrantes del denominado Clan Orellana, a fin de proceder a la acusación fiscal y el inicio del juicio oral en su contra.

Precisó que la medida constituye la manera más eficaz para culminar esos casos y permitir al Ministerio Público formular un pronunciamiento final, dado que existen elementos suficientes para pedir su juzgamiento.

“Solicitaremos la desacumulación al juez de investigación preparatoria, dado que, en dichos casos, ya no existen más diligencias que realizar por lo que no se requiere esperar los dos años adicionales que por ley le corresponde a la Fiscalía para completar la investigación preparatoria”, declaró en el microinformativo del Ministerio Público ‘Sin Reserva’.

Además, descartó que exista demora en la investigación, precisando que, al ser un caso complejo, la investigación preparatoria tiene un plazo de 36 meses, prorrogables a 36 meses más de acuerdo a la ley 30077 o Ley contra el Crimen Organizado.

Logros

La fiscal Barreto informó que, en lo que va del proceso, se han incautado 106 inmuebles valorizados en US$ 200 millones y 43 autos de lujo en buen estado, así como S/.10 millones en efectivo y joyas.

Asimismo, sostuvo que se han obtenido 21 medidas cautelares y se han identificado S/. 131 millones en cartas finanzas que emitió Orellana a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), entidad que habría estafado al Estado.

De otro lado, indicó que hay más de 25 detenidos con prisión preventiva, entre los que se encuentran magistrados y miembros de la Policía Nacional, entre otros.

La magistrada manifestó que, pese a las diversas dificultades de índole presupuestal, logístico y procesal, se ha avanzado muchísimo.

“Hemos avanzado a paso firme y la sociedad tiene que estar tranquila porque el Ministerio Público está cumpliendo su función”, concluyó. (Fuente: Andina)

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