Tres personas vinculadas al colectivo afrontan en España penas de 5 años y cuatro meses de prisión en dos casos, y de 5 años en el del tercero, como acusadas de un ataque informático para bloquear las páginas web del Congreso, la Junta Electoral Central y el sindicado UGT.

La Fiscalía española solicita dichas condenas por los delitos de grupo criminal y de daños de cara a la vista oral que se celebra el próximo miércoles en un juzgado de Gijón (norte), ciudad donde reside uno de los tres acusados.

pinteres Miembros de Anonymous son acusados de bloquear web del Congreso de España. (Foto: Pixabay)
Miembros de Anonymous son acusados de bloquear web del Congreso de España. (Foto: Pixabay)

El grupo , una red internacional de hackers de carácter activista, está constituido por numerosos usuarios informáticos de España y de otros países que, entre otras actividades, organiza de forma concertada ataques de Denegación de Servicio Distribuido (denominados DDoS).

La Fiscalía española sostiene que en mayo de 2011, y con motivo de las elecciones locales y autonómicas que se iban a celebrar ese mes, el colectivo , del que formaban parte los tres acusados, preparó dos de estos ataques con la finalidad de entorpecer el proceso electoral.

De esta forma el 18 de mayo, y bajo el nombre de operación “Spanish Revolution”, organizaron un ataque contra el entorno informático de la Junta Electoral Central española, residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la de la Cámara Baja española.

Este ataque afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la página web de la Junta Electoral, obstaculizando los trámites previos al proceso electoral.

El coste estimado del trabajo para responder a los ataques contra el entorno informático de la Junta Electoral fue de 700 euros (791 dólares al cambio actual) para pagar dos jornadas de un consultor externo en seguridad aunque, según la Fiscalía, fue el impacto negativo en el normal desarrollo del trabajo, al no poder utilizar las herramientas informáticas ni accederse a la página web, lo que ocasionó mayores perjuicios.

Además de la petición de condena, la Fiscalía española pide una multa de 5.600 euros (6.329 dólares) para los dos primeros acusados; y de 4.200 euros (4.747 dólares), para el tercero, además del pago de las costas procesales y de una indemnización de 700 euros (791 dólares) más los intereses, al Congreso español.

EFE

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