El Gobierno de (USA en inglés) defendió ante la Corte Suprema las medidas migratorias emitidas por el presidente para frenar la deportación de cinco millones de indocumentados, tema que ha causado gran expectativa en ese país.

“No estamos tratando de cambiar el estatus legal de nadie en Estados Unidos”, argumentó en la audiencia Donald Verrilli, el abogado del Estado.

Se espera que la Corte Suprema de USA decida en junio sobre la legalidad de las acciones ejecutivas que Barack Obama proclamó en noviembre de 2014, y que fueron bloqueadas un día antes de entrar en vigor a petición de una coalición de 26 estados, liderados por Texas y la mayoría de ellos con gobernadores republicanos.

La primera parte de la audiencia, dedicada a la exposición del Gobierno de EEUU, estuvo centrada en examinar el principal argumento que emplea Texas en su demanda: que le provocaría grandes costes el tener que expedir las licencias de conducir a las que tendrían derecho los indocumentados beneficiados por las medidas de Obama.

Los jueces del Supremo cuestionaron a Donald Verrilli sobre el tema, y el magistrado que preside la máxima instancia judicial, John Roberts, opinó que es “perfectamente legal” que Texas quiera emitir permisos de conducir solo a los residentes legales.

Verrilli replicó que la política actual de Texas “no es así” y “concede licencias a numerosas categorías de personas”, incluidas algunos indocumentados, por lo que el estado tendría que hacer un “cambio significativo en sus leyes” para tener realmente una base sobre la que demandar al Gobierno por los efectos de estas medidas.

“No estamos actuando directamente en contra de Texas, estamos clasificando a los inmigrantes según si deben ser deportados o no… Texas incluso está de acuerdo en que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad de suspender la deportación de inmigrantes indocumentados”, agregó.

Los magistrados conservadores Samuel Alito y Anthony Kennedy se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de que, igual que Obama ha decidido detener ahora la deportación de estos 5 millones de personas, pueda decidir en un futuro no expulsar a ninguno de los 11,5 millones de indocumentados que hay en el país.

Verrilli respondió que eso podría suscitar una demanda, porque no se estaría actuando frente a los inmigrantes que cometen crímenes, pero subrayó que no es ese el objetivo de las acciones actuales.

La juez de inclinación progresista Ruth Bader Ginsburg opinó que “inevitablemente hay que plantear prioridades” a la hora de deportar o no a los indocumentados del país, mientras que la magistrada hispana Sonia Sotomayor recordó que hay pocos recursos financieros para llevar a cabo esas expulsiones.

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