El Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff manifestó su “profunda consternación” por la ejecución del brasileño Rodrigo Goularte, condenado por narcotráfico por la Justicia indonesia, y lo consideró un “hecho grave” en la relación bilateral.

En una nota oficial, el Gobierno indicó que Rousseff envió varias cartas al Gobierno indonesio solicitando que la pena fuera conmutada debido al cuadro de esquizofrenia que sufría Goularte, pero lamentó que cada una de ellas fuera ignorada y que el ciudadano brasileño haya sido ejecutado en la prisión de Nusakambangan.

“Lamentablemente, las autoridades indonesias fueron insensibles frente a ese apelo de carácter esencialmente humanitario”, indica la nota, la cual recuerda que Goularte fue el segundo brasileño ejecutado en Indonesia, después del fusilamiento de Marco Archer Cardoso Moreira, en enero pasado.

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Goularte fue ejecutado al mismo tiempo que los australianos Andrew Chan y Myuran Sukumaran, el ghanés Martin Anderson, el indonesio Zainal Abidin y los nigerianos Raheem Agbaje, Silvester Obiekwe Nwaolise y Okwudili Oyatanze, todos acusados de tráfico de drogas, que en Indonesia se castiga con la muerte.

El comunicado dice que durante los once años que Goularte pasó en una prisión indonesia recibió “la debida ayuda consular” y tuvo una asistencia jurídica “sistemática” por parte de las autoridades de Brasil, que buscaron “alternativas” legales a la pena de muerte, “en observación de la Constitución y las leyes de ese país”.

Según la nota, “la ejecución de un segundo ciudadano brasileño constituye un hecho grave en el ámbito de las relaciones entre los dos países y fortalece la disposición brasileña de llevar adelante, en los organismos internacionales de derechos humanos, los esfuerzos por la abolición de la pena capital” en el mundo.

Fuente: EFE

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