Un incendio provocado por una turba enfurecida en la Alcaldía de la ciudad de dejó seis muertos y una veintena de heridos y puso de relieve la alta tensión que vive en vísperas del referendo que este domingo dirimirá si el presidente Evo Morales puede buscar en 2019 otra reelección.

El ataque comenzó cuando miles de manifestantes lograron acceder al edificio del municipio de El Alto, vecino a La Paz, para destruir las oficinas y prender fuego a la documentación jurídica y financiera de la entidad, causando un incendio cuando dentro había decenas de empleados.

Cuatro de las personas fallecieron en un baño donde se habían refugiado y otros dos murieron tras ser trasladadas a una terraza para recibir auxilio, según confirmó el Ministerio de Gobierno (Interior).

Los funcionarios que estaban dentro de la Alcaldía tuvieron que romper vidrios para evitar la asfixia e incluso algunos escaparon por las ventanas y los techos colindantes para huir del fuego.

La tragedia se produce a días del referendo en el que los bolivianos decidirán si avalan una reforma constitucional que abriría a Morales las puertas de una nueva postulación en 2019 y en medio de una tensa campaña por el cruce de acusaciones y descalificaciones entre el oficialismo y la oposición.

La manifestación fue convocada por asociaciones de padres de familia de esa ciudad para exigir obras educativas, pero a la misma se sumaron supuestos militantes del oficialismo que alentaron la violencia, denunció la alcaldesa de El Alto, la opositora Soledad Chapetón.

Chapetón, apoyada por el obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini, y el sacerdote alemán Sebastian Obermaier, compareció ante los medios llorando para confirmar que los muertos, tres hombres y tres mujeres, eran empleados municipales y precisó que la causa de la muerte fue asfixia.

La alcaldesa acusó a dos exfuncionarios de la gestión del anterior alcalde, Edgar Patana, de haber provocado los disturbios con el propósito de quemar documentos claves que respaldan las denuncias de corrupción contra el exregidor, que está preso.

En 2015, Chapetón derrotó en las urnas a Patana, pese a que este buscaba ser reelegido con el apoyo del presidente Evo Morales.

Hasta entonces, El Alto, que es la segunda ciudad más poblada de Bolivia, con 850.000 habitantes, era considerada uno de los bastiones políticos del mandatario indígena.

La alcaldesa también se mostró indignada por la acusación del viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, quien culpó de lo ocurrido a funcionarios de la Alcaldía, a quienes acusó de haber provocado un “autoatentado” mediante “infiltrados” en la marcha.

Chapetón negó la tesis de Elío y responsabilizó al Gobierno y a la Policía que, según dijo, “irresponsablemente no ha acudido a tiempo para poder resguardar estas vidas” pese a sus peticiones.

Numerosos testigos presenciales han criticado la tardanza en intervenir de la Policía y los bomberos, a pesar de que contaban con agentes en las inmediaciones del edificio.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó la muerte de las seis personas, pero negó que la Policía tenga responsabilidad alguna en el desenlace.

Romero aseguró que los agentes evitaron una tragedia mayor al impedir que el fuego se propagara a una gasolinera cercana.

A pesar de que había varios miles de manifestantes en el lugar de los hechos, la Policía no llevó a cabo ninguna detención.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, instruyó que una comisión de fiscales investigue la violencia hasta “dar con los responsables y procesarlos de acuerdo con lo que establece la ley”.

El obispo Scarpellini dijo que las “divergencias políticas, las diversidades ideológicas no pueden nunca arreglarse con la violencia” y llamó a los culpables de los disturbios a presentarse con responsabilidad para enfrentar la Justicia.

La Defensoría del Pueblo condenó “los hechos criminales” y reclamó que el suceso sea investigado “de manera urgente, transparente y exhaustiva por el Ministerio Público”

En su cuenta de Twitter, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) se mostró afectado por la muerte de compatriotas en El Alto.

“No podemos aceptar que la violencia insensata destruya el valor sagrado de la vida”, sostuvo Mesa.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado en el que condenó las muertes y ratificó la celebración del referendo el domingo, cuando más de 6,5 millones de bolivianos están llamados a las urnas.

La propuesta oficialista es aumentar de dos tres el número de mandatos consecutivos en la Carta Magna y permitir que Morales busque otro período, con la posibilidad de gobernar hasta el 2025.

Fuente: EFE