La Justicia argentina determinó l procesamiento de la expresidenta (2007-2015) por asociación ilícita y administración fraudulenta por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su mandato.

Sin bien Cristina Fernández ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa relacionada con delitos de corrupción.

En el expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que Fernández declaró como investigada en octubre, se estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez —cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por presunto lavado de dinero—, en detrimento de las arcas del Estado.

Ercolini ordenó, además, un embargo de 10 mil millones de pesos (unos 664 millones de dólares) contra Fernández y el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.

En una resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.

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