El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció hoy que el Gobierno presentará en los próximos días un proyecto de ley al Congreso de la República para que se elimine el cobro del Gasoducto del Sur en los recibos de luz que pagan las familias peruanas.

“Se va retirar (el pago que se realiza para la construcción del Gasoducto del Sur en el recibo de luz), nosotros estamos presentando el proyecto de Ley”, indicó el ministro de Economía, Alfredo Thorne.

Sostuvo que desde la campaña electoral los integrantes del actual Gobierno se mostraron claramente en desacuerdo con la forma en la que se había planteado, por lo cual, si resultara necesario, se compensaría con una garantía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en caso el ducto no tenga el suficiente volumen.

Este cobro viene en los recibos de luz con el nombre de Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energét ica (CASE), que genera un aumento de entre 1% y 2% en las tarifas eléctricas que paga el consumidor final por el Gasoducto del Sur del Perú.

El monto es alrededor de 2 soles en un recibo de 100 soles al mes, con lo cual se calcula que el CASE ha recaudado más 50 millones de dólares al año, fondo que no va directo a la concesionaria, sino a un fideicomiso, cuyo responsable es Osinergmin.

Venta de acciones de Odebrecht

Por otro lado, Thorne sostuvo que los recursos obtenidos por la venta de las acciones de Obebrecht en el Gasoducto del Sur del Perú (cuyo plazo vence el 24 de enero) no serían trasladados a la empresa brasileña.

“En este caso, Odebrecht, si es que vende, no cobraría por su participación en el Gasoducto del Sur del Perú, pues ese dinero pasa a ser garantía en caso haya eventos de corrupción”, enfatizó.

El ministro señaló que el dinero que se recaudaría lo va a poder cobrar Odebrecht, siempre y cuando limpie su trayectoria por los casos de corrupción.

“Nunca hemos estado casado con nadie que esté involucrado en actos de corrupción y lo hemos dicho bien claro en la campaña”, dijo en Canal N.

Thorne afirmó que las normas anticorrupción que limitarían los acuerdos entre el Estado y las compañías que tengan estas acusaciones ya han entrado en vigencia al día siguiente de la publicación.

“Solo nos falta la reglamentación que esperamos tenerlo en los 60 días que se han previsto (…) Toda empresa que se haya involucrado en actos de corrupción, hoy está impedida de contratar con el Estado, es un cambio radical que está haciendo esta administración”, puntualizó. (Fuente: Andina)

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