Según señaló, dicho consorcio también podría, en 30 días contados desde la referida fecha, cuestionar o negar haber incumplido el contrato y derivar la controversia a un arbitraje internacional, para evitar la cancelación del mismo.

“Esperamos no llegar al escenario de terminar el contrato. Estamos agotando todas las posibilidades, pero Perupetro defiende los intereses del Estado. En una primera carta, el consorcio manifestó su interés de ir al arbitraje, pero esto tiene que ser oficial”, declaró.

El conflicto surgió luego de que en enero la empresa estadounidense Galway, contratada por Perupetro para verificar el real destino de las exportaciones de gas natural licuado (GNL), informara que diez embarques fueron reexportados por Repsol desde el Golfo de México.

Los implicados en este hecho serían tres de los seis socios del Consorcio que están a su vez en Perú LNG. Es decir, Repsol-YPF, Hunt Oil y SK. Por ello, Perupetro solicitó al Consorcio Camisea la documentación que acredite el destino final del gas natural enviado a los puertos de Freeport, Sabine Pass o Cameron, ubicados en el Golfo de México.

La finalidad es realizar el recálculo de la misma, pero la información no fue entregada. Revistas internacionales reportaron que grandes volúmenes de envíos de GNL de Qatar, Indonesia y otros países también son reexportados al llegar a varios puertos, donde se deberían regasificar para su consumo.

El gas natural extraído en Perú es convertido en líquido en la planta de licuefacción de Melchorita, una de las dos existentes en América del Sur, para ser transportado en barcos metaneros, y convertido nuevamente al estado gaseoso al llegar a los puertos.

El precio del gas en los puertos del Golfo de México es muy inferior al estimado en Europa y Asia, lo cual estimula que traders (comerciantes) lo reexporten a allí, obteniendo ganancias que cubren el gasto en transporte desde sus países de origen hacia los destinos iniciales.