El proyecto de Ley de Desarrollo Docente que el gobierno entregará al Congreso la próxima semana sería lo mejor para los 260 mil maestros en el Estado, según se desprende de la exposición inicial de dicha iniciativa. Sin embargo, cae en el error político de no ser comunicado apropiadamente, según expertos.

El documento parte de la premisa de los errores de la Ley de Carrera Pública Magisterial (29062), aprobada en el gobierno de Alan García, según informó el diario La República.

“En la práctica existen dos marcos normativos para los docentes, la Ley del Profesorado y la Ley 29062 que reconocen derechos y escalas remunerativas diferentes que terminan dividiendo y enfrentando a los maestros”, señala la exposición de motivos.

Como consecuencia, continúa, tras cinco concursos nacionales con más vacantes que inscritos, solo se incorporaron 25 mil docentes, del total de 267 mil. Menos del diez por ciento. Para el gobierno humalista, la incorporación gradual y voluntaria en diez años, desde el 2008, no fue lo mejor.

“El proyecto de ley se plantea como el nuevo y único marco normativo que debe integrar a todos los profesores, ofreciéndoles las mismas posibilidades de desarrollo profesional a través de procedimientos meritocráticos”, refiere la iniciativa. Esta integración permitiría “poner en orden las planillas de pagos e impulsar el desarrollo profesional como parte de un plan de reforma estructural y descentralizada”.

El anteproyecto de 67 artículos da prioridad a la formación docente, fija incentivos y ocho niveles, con diferencia salarial de 160% entre el último y primero. El ascenso será en base a desempeño laboral, formación y ética y a evaluación universal. Dos disposiciones finales reconocen a los profesores de acuerdo a su nivel en la Ley del Profesorado, y a los ya evaluados en la ley aprista. Uno de los aspectos es el énfasis que la nueva ley pone en el desempeño del maestro en el aula.

Mala comunicación

Para expertos en el tema educativo, la intención es buena, pero hay problemas de comunicación. “El Ministerio de Educación y el gobierno no están comunicando bien sus intenciones, porque no se empieza de cero, se está tomando lo mejor de la LCPM y Ley del Profesorado”, señaló Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.

Sostuvo que mientras la ley aprista privilegia la relación contractual del maestro con el Estado, la Ley de Desarrollo Docente pretende el avance docente en base a méritos y las rutas para llegar a niveles altos (director, subdirector) o para ser funcionario del sector: “Terminaría con la politización de cargos en las UGELes (Unidad de Gestión Educativa Local) del ministerio”.

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