Falta de legislación pone en riesgo franquicias en Perú

La falta de una Ley de Franquicias que establezca las garantías que sean necesarias para el adecuado desarrollo de este formato de negocio en el país y se eviten, así, abusos, incumplimientos de contratos y hasta estafas por parte, principalmente, de los propietarios de las marcas convertidas en franquicias, impide el despegue de este floreciente sector en donde hoy por hoy campea la informalidad.

Así opinó la periodista Heidi Castrillón, especializada en temas de comercio exterior y franquicias.

“Con asombro vemos que este rentable modelo de negocio que funciona en el Perú desde 1993 no cuenta con una ley expresa y se rige únicamente a través de contratos que por lo general no se cumplen estrictamente. Se requiere, por tanto, de una norma que promueva y aliente estos negocios, que establezca las condiciones que determinan que una marca sea considerada franquicia con el fin de evitar que más gente sea estafada”, advirtió Castrillón.

Refirió que la informalidad a llegado a tal punto que a buena parte de las franquicias peruanas se les conoce con el nombre de “franchichas”. En nuestro país – afirmó Castrillón – la franquicia no es, en definitiva, un negocio de bajo riesgo sino todo lo contrario, debido, principalmente, a la inexistencia de una ley que sirva de estímulo para una inversión segura.

“Mientras estos malos empresarios abandonan a su suerte a quien les adquirió su franchicha, se dedican a hacer relaciones públicas, aparecer en medios de comunicación, ofrecer charlas en universidades presentándose como empresarios o franquiciantes exitosos pese a haber sido capaces lanzar al mercado las ya conocidas franquicias informales o que en el fondo no son tales, provocando que el franquiciado pierda todo o buena parte de su inversión”, refirió.

Caso concreto

Señaló que un caso bastante elocuente es el de la franquicia “Mis Costillitas”, restaurante dedicado al rubro de costillas y parrillas. Los dueños de esta marca – señaló Castrillón – incumplieron el contrato que tenían con un cliente al permitir la apertura de un nuevo local en una zona que le habían vendido como exclusiva.

Asimismo, dijo que usan el poder económico que tienen para desprestigiar a su cliente en el sistema financiero y bloquean los procesos de arbitraje, buscando asfixiar económicamente a quien confió en ellos y en el negocio de franquicias.

Sin duda, el Estado debe controlar y fiscalizar tanto a los empresarios franquiciantes como a los franquiciados, aseveró la experta.