Por amplia mayoría (16 votos a favor y 4 abstenciones), la Comisión de Descentralización del Congreso de la República aprobó un dictamen que se basa en el proyecto de ley N°4952, que tiene como objetivo poner límites a las competencias de las municipalidades sobre los negocios formales. De esta manera, la iniciativa legislativa quedó expedita para ser debatida y eventualmente aprobada en el Pleno del Congreso.
El dictamen aprobado establece que en adelante las clausuras temporales procederán solo cuando exista un peligro inminente para la vida, la salud o la propiedad de personas, generado por el incumplimiento de las normas de seguridad en el establecimiento, y que no puedan ser subsanado en el acto de la inspección. Es decir, que ya no se aplicarán clausuras temporales por faltas administrativas, tal como ocurre actualmente.
Como se recuerda, este texto legislativo -que se basa en el proyecto de ley presentado por el congresista Hernando Guerra García- fue aprobado en junio de este año también en la Comisión de Reglamento del Congreso de la República. Ahora con dos aprobaciones, buscará la aprobación del pleno.
“Con este dictamen hemos dado un paso adelante para garantizar la predictibilidad, la proporcionalidad y la razonabilidad en la tarea de fiscalización de los gobiernos locales a los micro y pequeños empresarios. Necesitamos construir un Estado -a todo nivel- que sea amigable con la libre empresa y quienes crean prosperidad y trabajo en nuestro país. Hemos buscado garantizar el orden y la autoridad, pero al mismo tiempo poner siempre al ciudadano como prioridad”, precisó el congresista Alejandro Cavero, presidente de la Comisión de Descentralización.
Proceso
Para Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias, esta aprobación es un nuevo paso para alcanzar la justicia que merecen los emprendedores peruanos, quienes se han visto obligados a pagar altas sumas de dinero en multas y hasta coimas para poder seguir trabajando.
“Las empresas del sector salud estamos expuestos a una doble presión porque por un lado tenemos inspectores del Minsa y por el otro los inspectores municipales con todas las arbitrariedades cometidas. Desde el sector de farmacias y boticas esperamos que el pleno finalmente dé su respaldo al proyecto para proteger la inversión y sobre todo el emprendimiento que con tanto esfuerzo hay en el país”, indicó Jiménez.
“Vamos a seguir en la lucha hasta que este proyecto se apruebe en el pleno del Congreso. Es de justicia para todos los negociantes y emprendedores que luchamos cada día para sacar a nuestras familias adelante. Al día cientos de negocios son cerrados de manera abusiva e indiscriminada por funcionarios ediles que llegan argumentando cualquier excusa para multar y cerrar, todo para que demos dinero a las municipalidades”, agregó.
Por su parte, José Silva Martinot, vocero de la Unión de Gremios y Restaurantes, expresó su satisfacción por esta aprobación, pues evitará la conducta arbitraria y canallesca de algunas municipalidades que cometen abusos sobre todo con las medianas y pequeñas empresas que muchas veces carecen de apoyo legal y desconocen sus derechos. “Esta aprobación ayuda a tener proyectabilidad en los negocios y, sobre todo, va a beneficiar a las micro y pequeñas empresas que son las más afectadas. El 98% son micro y pequeñas empresas, y están en un grado de indefensión ante las malas autoridades”, precisó.